Cantabria convocará las oposiciones docentes y así no perder las plazas no perder las plazas
Educación publicará la oferta de empleo de 2017, con independencia de que celebre las pruebas este año o no, para, como mal menor, acumular los 187 puestos a la convocatoria del próximo año.
Cantabria convocará las discutidas oposiciones docentes para Cantabria de 2017, con independencia de que finalmente las celebre o no, para no perder los 187 puestos de trabajo fijos del cuerpo de maestros previstos en la misma. Tal y como le habían exigido los sindicatos que integran la Junta de Personal Docente –STEC, CC OO, UGT y ANPE–, la Consejería de Educación tiene decidido publicar el decreto de Oferta de Empleo Público, requisito necesario para que, si no se realizan las pruebas este año, al menos «y como mal menor», poder acumular esas plazas a la convocatoria de 2018.
Por tanto, las dudas se centran ahora en cuándo ejecutarlas. Esa es la decisión trascendente que, de acuerdo con las organizaciones sindicales, Educación se ha comprometido a tomar antes del 15 de marzo, porque si se demora más, entonces ya no habría tiempo de poder celebrarlas al final de curso, como es la intención en caso de seguir adelante con la voluntad inicial de llevar a cabo este año las pruebas. Pero hoy en día, la sensación, cada vez más mayoritaria, es que habrá que posponer hasta 2018 la realización de las oposiciones del cuerpo de maestros, que coincidirían con las de profesores de Secundaria proyectadas para el próximo año. Cada día que pasa, crece el pesimismo entre opositores, sindicatos y la Administración educativa, y menguan las opciones de poder llevarlas a cabo este año. El encuentro que mantuvo el jueves Ramón Ruiz con el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo no supuso ningún avance, todo lo contrario, y la frustración con la que regresó el consejero trasluce el hecho de no haber podido conseguir ningún compromiso por parte del Gobierno central.
No se cumplen las condiciones
La Consejería de Educación se ha fijado dos condiciones para realizar las oposiciones docentes de la región este año y las dos parecen lejos de poder cumplirse. La primera es que tengan una total cobertura legal por parte de Madrid. Aunque Cantabria dispone de informes jurídicos que respaldan las pruebas si no sobrepasan la tasa de reposición del 100% vigente en 2016, no quiere líos en los tribunales con el Ejecutivo nacional con los opositores de por medio. Méndez de Vigo ya ha dicho que no ve «problemas» en que Cantabria las haga, pero, a la vez, asegura que es una competencia del Ministerio de Hacienda y Función Pública, el mismo que el 21 de febrero aseguró que impugnaría las oposiciones que se convocasen sin estar aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Desde entonces, no ha habido ningún otro pronunciamiento oficial del departamento de Cristóbal Montoro, por lo que la amenaza –y el pulso político para sacar adelante las cuentas– sigue presente.
El que sí ha hablado es el ministro de Educación, también portavoz del Gobierno, que lo mismo dice que van a encontrar «una solución» para que las oposiciones se hagan este año, como hizo hace una semana, que vuelve al punto de partida, como ocurrió ayer en su comparecencia tras el Consejo de Ministros. Méndez de Vigo destacó que Montoro tiene «la voluntad de reducir el número de interinos» que existen en la educación pública y que está negociando con las comunidades autónomas sus necesidades de plantilla, cuyo resultado «acompañará» a los presupuestos generales del Estado, que el Gobierno planea aprobar a finales de marzo o principios de abril, en sus mejores estimaciones, y que incluirán la tasa de reposición sobre la que se diseñará la oferta pública de empleo. El problema es que, con esta previsión de fechas, es imposible que se puedan realizar al final de este curso para que los profesores se incorporen a sus puestos al principio del siguiente, con lo cual la interinidad, lejos de reducirse, aumentará el próximo ejercicio. En Cantabria, los sindicatos alertan de que la tasa puede situarse cerca del 40%.
Problemas en el horizonte
La segunda condición que quiere la Administración educativa cántabra es que las comunidades autónomas hagan un frente común en la celebración de las oposiciones docentes para evitar el efecto llamada que provocaría el convocarse en unos territorios y en otros no. Pero la actitud del Gobierno central no anima ni a que las autonomías que ya han decidido aplazarlas den marcha atrás, ni a que den un paso adelante las que aún mantienen la duda. Andalucía y País Vasco son las pocas que se mantienen firmes. En esta tesitura, si Cantabria decide mantener el pulso y realizarlas este año, sufriría problemas «organizativos», ya que no tiene recursos ni infraestructura para atender a 5.000 o 6.000 opositores. Igualmente, sería un proceso «engañoso» porque el porcentaje «real» de obtener una plaza para los aspirantes de la región disminuiría notablemente. Visto lo visto, todos los caminos parece que conducen a aplazar las oposiciones de 2017 a 2018.
Fuente: diariomontanes.es
Opositores: rehenes
Desde STEC, lamentan por su parte que en España haya unos 100.000 profesores interinos y que en Cantabria la tasa esté por encima del 30% y el Ministerio «tome de rehenes a medio millón de opositores y nos meta a todos el miedo en el cuerpo de que si se convocan las oposiciones después nos las van a impugnar y recurrir en los tribunales».
«Es lamentable», ha expresado Aguayo, quien ha cuestionado así el «respeto» del departamento que dirige Iñigo Méndez de Vigo por el «sistema educativo» o el «medio millón» de personas que llevan «un año o dos estudiando» y a las que «a tres meses vista» de las oposiciones el Ministerio les «toma de rehenes» y «nos chantajea a todos» para recabar apoyos de otras fuerzas políticas y que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.
Ante esta situación, STEC también pide a la Consejería que dirige Ramón Ruiz que elabore el decreto de la oferta de empleo público y apruebe la 187 plazas previstas en Cantabria. «Ya discutiremos de aquí a quince días si las ejecutamos este año» o «se guardan y se agregan a la convocatoria de 2018», ha añadido Aguayo, para quien lo importante es que «no se pierdan para siempre» esos puestos de trabajo estables. De igual modo, reclama un «mínimo de coordinación» entre las comunidades autónomas para evitar un problema «organizativo».
Problema organizativo
Y desde UGT exigen por su parte «garantías legales suficientes» y ver plasmado «por escrito» el compromiso de que si convocan y ejecutan las oposiciones, «no se van a impugnar». Porque, si el Ministerio da «para atrás» el proceso una vez materializado, «dónde queda la gente, su esfuerzo e inversión», se ha preguntado De Cos.
A su juicio, el Ministerio debe «liderar» un acuerdo nacional para ofertas de empleo conjuntas y evitar efectos «perniciosos» como el de llamada, que «está ahí» toda vez que la «mayoría» de las comunidades han dicho que «no» convocarán las oposiciones. A este problema se suma el «organizativo», ya que si solo convoca la oferta Cantabria «no hay posibilidad alguna» de sacarla adelante con recursos propios, de la Consejería.
Además, el portavoz de UGT en la materia ha considerado «engañoso» el proceso si solo concurre Cantabria, porque el porcentaje «real» de obtener una plaza «disminuye al venir tanta gente», así como las posibilidades de trabajar de quienes formen parte de las listas de interinos. Pero, lo más importante para este sindicato también es «que no se pierdan las plazas», es decir, que se convoquen y ejecuten este año o se acumulen para próximos ejercicios.
Fuente: diariomontanes.es